Permanecerán recluidos en la sede del DGCIM en Caracas
Credito: Web
(Caracas, 23 de noviembre de
2017) Ante los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público,
fueron privados de libertad el presidente de Citgo Petroleum Corporation, José
Ángel Pereira Ruimwyk, y cinco vicepresidentes de esa filial de Petróleos de
Venezuela (Pdvsa), tras suscribir contratos para el refinanciamiento de los
programas de deuda 2014 y 2015, con el fin de solicitar préstamos bajo
condiciones desfavorables para la industria y además, ofrecer como garantía a
la propia empresa, comprometiendo el patrimonio de la República.
Junta a Pereira Ruimwyk fueron
privados de libertad el vicepresidente de Operaciones de Refinación, Tomeu
Vadell Recalde; el vicepresidente y gerente general de la refinería Corpus
Cristi, Alirio Zambrano; el vicepresidente de Suministro y Comercialización,
Jorge Toledo; el vicepresidente de Relaciones Estratégicas con los Accionistas,
Gobierno y Asuntos Públicos, Gustavo Cárdenas, y el vicepresidente de Servicios
Compartidos, José Luis Zambrano.
El fiscal 55º nacional imputó a
los seis altos funcionarios por la presunta comisión de los delitos de peculado
doloso propio, concierto de funcionario público con contratista, legitimación
de capitales y asociación para delinquir.
La audiencia de presentación se
llevó a cabo ante el Tribunal 3º de Control del Área Metropolitana de Caracas,
instancia que admitió en su totalidad los elementos de convicción expuestos por
el Ministerio Público, razón por la cual acordó la medida privativa de libertad
contra el presidente de la referida filial, así como para los otros cinco altos
directivos, quienes permanecerán recluidos en la sede de la Dirección General
de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Caracas.
En una rueda de prensa ofrecida
el pasado martes 21 de noviembre por el Fiscal General de la República, Tarek
William Saab, informó que los directivos habían sido aprehendidos la madrugada
de ese mismo día en el Distrito Capital.
De acuerdo con la investigación
realizada por el Ministerio Público, los contratos para el refinanciamiento de
la deuda alcanzaron un monto de hasta 4 mil millones de dólares, sin contar con
el beneplácito del Ejecutivo Nacional, exponiendo a la filial de Pdvsa a una
posible situación de índole penal por incumplimiento de los diferentes
contratos suscritos.
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