Análisis
Alba Ciudad.
Caracas- Diferentes reacciones ha
causado, a nivel nacional e internacional, la sentencia 156 emitida este
miércoles en la noche por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ), en la que se declara que, mientras persista la situación de
desacato, las competencias de la Asamblea Nacional serán ejercidas directamente
por la Sala Constitucional del máximo tribunal del país. Julio Borges,
presidente del parlamento, aseguró que hay un “golpe de Estado” y llamó a
desconocer al TSJ.
Luis Almagro, secretario general
de la OEA, también ha calificado la sentencia de un “auto-golpe de Estado” y
convocó urgentemente a un nuevo Consejo Permanente de la organización. Perú
retiró a su embajador en Venezuela, argumentando que la sentencia es “una
ruptura del orden constitucional y democrático”. Las redes sociales posicionan
la frase “Golpe de Estado” en primer lugar. Mientras tanto, el país continúa
funcionando en completa calma, y en las calles no se ve ninguna alarma por lo
ocurrido. ¿Qué pasa realmente?
Como se recordará, el Poder
Legislativo venezolano, de mayoría opositora al gobierno de Nicolás Maduro, se
encuentra en desacato desde 2016.
En las elecciones legislativas
del 6 de diciembre de 2015, se denunciaron hechos de fraude en el estado
Amazonas, respaldados por grabaciones en las cuales la entonces secretaria de
la gobernación de Amazonas, Victoria Franchi, ofrecía sumas de dinero a grupos
de personas para votar por los candidatos opositores. Por ello, el TSJ
suspendió las proclamaciones de los diputados de Amazonas.
Sin embargo, la Asamblea Nacional
persistió en juramentar como diputados a tres candidatos del estado Amazonas.
Su juramentación era importante
para la oposición, pues le hubiera dado la posibilidad de tener mayoría
absoluta en la Asamblea Nacional (dos tercera partes de los diputados), lo que
les daba nuevas facultades y atribuciones, incluyendo la de derogar o reformar
leyes orgánicas, como la Ley del Trabajo o la Ley de Educación.
Por tomar dicha decisión, el
Tribunal Supremo de Justicia declaró a la Asamblea Nacional en desacato y
señaló que sus decisiones son nulas mientras continúen en esa situación. La
junta directiva de la AN se ha negado a anular la juramentación de estos tres
ciudadanos, lo que requiere una serie de pasos y debe ser realizado por la Junta
Directiva que los proclamó.
Es necesario recordar que esta
Asamblea Nacional, estando en desacato, juramentó a una nueva Junta Directiva
presidida por Julio Borges la cual, el pasado 7 de enero, declaró el supuesto
“abandono de cargo” del Presidente Nicolás Maduro. Si bien esta decisión no
tuvo validez legal, buscaba suprimir al poder Ejecutivo desde el Legislativo,
razón por la cual el Bloque de la Patria introdujo un recurso de nulidad.
Dos sentencias trascendentales
Este miércoles, la Sala
Constitucional del TSJ emitió la sentencia 156 en la que resolvió, “ante el
desacato de la Asamblea Nacional”, que “no existe impedimento alguno para que
el Ejecutivo Nacional constituya empresas mixtas en el espíritu que establece
el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos”.
En sus puntos, la sentencia
también “declaró la Omisión Inconstitucional parlamentaria” y advirtió que,
“mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones
de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las
competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el
órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”.
Previamente, el martes fue
emitida otra sentencia por la misma Sala Constitucional, la 155, que señala que
la inmunidad parlamentaria de los diputados sólo los ampara durante el
ejercicio de sus funciones, lo que no es el caso al estar la Asamblea Nacional
en desacato. También le concede al Presidente Maduro la posibilidad de revisar
la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, la Ley Contra la Corrupción,
el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Justicia
Militar, para “conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad
democrática, la convivencia pacífica y los derechos de las venezolanas y los
venezolanos”.
Esta sentencia fue calificada
como “histórica” por el Presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien recordó
que, días atrás, la propia Asamblea Nacional había aprobado un acuerdo llamando
a la aplicación de la Carta Democrática contra Venezuela, lo que él calificó de
un grave delito de traición a la Patria.
Maduro señaló el pasado martes
que las instituciones públicas constituidas legal y constitucionalmente, deben
dar un paso al frente en la defensa al derecho de la integridad de la nación.
“Nuestros equipos jurídicos están estudiando la implicación de estas decisiones
tan importantes para garantizar la paz, la
legalidad, la constitucionalidad y el funcionamiento de los Poderes Públicos y
los pasos futuros para restablecer el poder legislativo”.
La AN puede hacer marcha atrás
Es de notar que ambas sentencias
señalan el carácter temporal de su decisión: las competencias del parlamento
serán ejercidas por la Asamblea Nacional siempre que “persista la situación de
desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional”.
Si la Asamblea Nacional cumpliera
todos los pasos para eliminar la condición de desacato, incluyendo la anulación
de la juramentación de los diputados de Amazonas, la propia sentencia señala
que la inmunidad y las competencias parlamentarias retornarán de nuevo a la
Asamblea Nacional.
Es de destacar que, en el pasado
mes de febrero, el Presidente Nicolás Maduro dio a conocer que había sectores
racionales de la oposición interesados en echar para atrás la condición de
desacato y restaurar el funcionamiento normal de la Asamblea Nacional. Pero
todo parece indicar que los sectores opositores más extremistas, que buscan una
intervención internacional a través de la OEA, se han impuesto por encima de
los sectores opositores más racionales.
Julio Borges dice que desconoce
al TSJ
Este jueves, el presidente de la
Asamblea Nacional y diputado por el partido de derecha Primero Justicia, Julio
Borges, afirmó en rueda de prensa que desconocía al TSJ y que “se rebela” ante
la decisión de la Sala Constitucional.
Rompiendo una copia del
documento, Borges señaló que “esta Asamblea Nacional desconoce el Tribunal
Supremo de Justicia. A esos magistrados los eligieron para violar la
Constitución. Por eso, ¡los 112 diputados queremos dejar claro que este
parlamento se rebela ante esta decisión! ¡Toda sentencia contraria a la
constitución es nula!”, dijo el presidente de la AN.
Asimismo, pidió el apoyo de todos
los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que se active la
Carta Democrática y “que se realicen de una vez por todas las elecciones
regionales. No se trata como dice el gobierno de que haya una intervención
extranjera sino que todos los venezolanos se manifiesten a través del voto, eso
es lo que queremos”.
Además Julio Borges hizo un
llamado para que este sábado se realicen diferentes movilizaciones. “Convocamos
para este sábado acción de calle y para la próxima semana una gran
movilización”.
Por su parte, Henrique Capriles,
excandidato opositor y gobernador del estado Miranda, aseguró en una rueda de
prensa que el decreto del TSJ es un “Madurazo” y un supuesto golpe de Estado, y
llamó a la Organización de Estados Americanos a convocar “de emergencia” a su
Consejo Permanente. “Hay que convocar de emergencia al Consejo Permanente para
que la instancia de América sea la primera en pronunciarse”, explicó el
dirigente del partido Primero Justicia.
Luis Almagro califica de “auto
golpe de Estado”
Por su parte, el Secretario
General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro,
emitió un comunicado denunciando un supuesto “auto-golpe de Estado perpetrado
por el régimen venezolano contra la Asamblea Nacional, último poder del Estado
legitimado por el voto popular”.
“Aquello que hemos advertido
lamentablemente se ha concretado”, sentenció el Secretario General.
En el comunicado, señala que
“asumir la restauración de la democracia es tarea de todos. Hoy es hora de
trabajar unidos en el hemisferio para recuperar la democracia en Venezuela, con
cuyo pueblo todos tenemos deudas que nos obligan a actuar sin dilaciones.
Callar ante una dictadura es la indignidad más baja en la política”.
Intentando citar al prócer
independentista José Gervasio Artigas, Almagro continuó su comunicado con la
frase: “La cuestión es sólo entre la libertad y el despotismo” y añadió:
“nuestros opresores, y son nuestros opresores porque la libertad de los pueblos
es la esencia misma de nuestra libertad, sólo por serlo forman el objeto de
nuestra lucha”.
El Secretario General de la OEA
dijo que es urgente la convocatoria de un Consejo Permanente en el marco del
artículo 20 de la Carta Democrática.
Perú retira a su embajador en
Venezuela
El Gobierno de Perú retiró
definitivamente a su representante diplomático en Venezuela, según informó este
jueves la Cancillería de esa nación en un comunicado en el que aseguran que
hubo una “ruptura del orden institucional” en el país.
El presidente de Perú, Pedro
Pablo Kuczynski, tomó la decisión definitiva luego de que dos semanas atrás
hiciera un retiro temporal de su embajador en Caracas por los “insultos” de su
homólogo venezolano Nicolás Maduro.
“El Gobierno del Perú condena la
decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de atribuirse las
competencias parlamentarias que le corresponden a la Asamblea Nacional,
arbitraria medida que violenta el Estado de Derecho y constituye una ruptura
del orden constitucional y democrático en la República Bolivariana de Venezuela”,
señala el comunicado.
También indican que “la
Cancillería peruana ha iniciado consultas con países miembros de la
Organización de los Estados Americanos para que, en el marco de la Carta
Democrática Interamericana, se adopten con la mayor urgencia las medidas que
correspondan ante la evidente ruptura del orden constitucional y democrático en
Venezuela”.
Regresarán a la OEA
Todo parece indicar que los
sectores de la derecha nacional e internacional aprovecharán la sentencia para
intentar nuevamente la aplicación de la Carta Democrática contra Venezuela,
esta vez con una nueva excusa: un supuesto “golpe de Estado”, que en realidad
es una sentencia en la que el TSJ buscó resolver un problema grave: la
necesidad de una Asamblea Nacional que coopere con el Ejecutivo para resolver
la grave situación que vive el país, pero que, en vez de hacerlo, prácticamente
se ha anulado a sí misma.
"El Poder Judicial es el
custodio de la Constitución, del Estado constitucional de derecho y, en
consecuencia, de las libertades fundamentales y de los derechos humanos",
subrayó este jueves el reconocido jurista y corredactor de la Carta Magna,
Hermann Escarrá.
