PRENSA
TSJ. Caracas, diciembre 16 - En
sentencia N° 948 del 15 de noviembre de 2016, el Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ) ordenó a las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional abstenerse de
continuar el procedimiento de declaratoria de “responsabilidad política” contra
el Presidente de la República y, en definitiva, de dictar cualquier tipo de
acto, sea en forma de acuerdo o de cualquier otro tipo, que se encuentre al
margen de sus atribuciones constitucionales y que, contraríe el Texto
Fundamental, de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Constitucional.
En esa
fecha la Sala Constitucional del TSJ se declaró competente para conocer la
acción ejercida por el procurador General de la República (E), Dr. Reinaldo
Muñoz, donde solicita al TSJ previsiones para evitar actuaciones de la Asamblea
Nacional en contra de la Constitución, como lo fue el acto parlamentario
denominado “Acuerdo para iniciar el Procedimiento de Declaratoria de
Responsabilidad Política del Presidente de la República ante la Grave Ruptura
del Orden Constitucional y Democrático y la Devastación de las Bases Económicas
y Sociales de la Nación”, aprobado el 25 de octubre de 2016 y dictado durante
el desacato que aún mantiene el referido órgano legislativo.
La
referida sentencia prohíbe convocar y realizar actos que alteren el orden
público; instigaciones contra autoridades y Poderes Públicos, así como otras
actuaciones al margen de los derechos constitucionales y del orden jurídico. La
decisión refiere además, que el Presidente de la Asamblea Nacional y los demás
diputados que conforman la Junta Directiva de ese órgano legislativo, deberán
desplegar las acciones necesarias para dar fiel cumplimiento a lo ordenado en
la presente sentencia.
La
máxima intérprete y protectora judicial de la Carta Magna recordó las
sentencias Números 808 y 810, de fecha 2 y 21-09-2016, respectivamente, y
recientemente en las N° 952 del 21 de noviembre de 2016 y Números 1012, 1013 y
1014 del 25-11-2016, ha ratificado el desacato por parte de la Asamblea
Nacional a las decisiones Números 260 del 30-12-2015, 1 del 11-01-2016 y 108
del 01-08-2016, emanadas de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia,
estableciendo entre otros pronunciamientos “que resultan manifiestamente
inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia
y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las
leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a la Sala
Electoral del Tribunal Supremo de Justicia”, así como también en desacato a
decisiones emanadas de esta Sala, desacato que aún persiste, por no haber sido
formalmente desincorporados los ciudadanos cuya proclamación está suspendida.
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